Marruecos ha expulsado este año a 19 españoles del Sahara por motivos políticos.No quiere periodistas ni observadores.La censura oculta las torturas, palizas y detenciones arbitrarias que sufre la población saharaui

Las motocicletas se esquivan como pueden en las calles abarrotadas de El Aaiún nocturno. A orillas del océano Atlántico, la capital del Sahara Occidental duerme hasta que cae la noche y baja la temperatura. El bullicio que domina los restaurantes no se concibe por el día, cuando la mayoría de adultos cumple con su jornada laboral. Sin embargo, existe un grupo de ciudadanos que descansa por el día y se moviliza por la noche. Las casas familiares en las que se dan cita se han convertido en refugios contra las intervenciones policiales. Bajo techo y en la clandestinidad, la comunidad saharaui se organiza para que su identidad sobreviva a las vejaciones.

En 1975, Marruecos invadió la entonces provincia española con la Marcha Verde y estalló una guerra sin cuartel contra el Frente Polisario. La expansión, que incluía Ceuta y Melilla, se enmarcó en el sueño del ‘Gran Marruecos’. Los niveles de violencia siguen intactos en la actualidad. Un combinado de torturas descabelladas, penas de cárcel desorbitadas, prohibiciones de moverse libremente y el muro minado convierten al Sahara en un correccional a cielo abierto.

Las organizaciones saharauis de derechos humanos combaten pacíficamente por el referéndum de independencia. Una votación reconocida por las Naciones Unidas y que fue prometida por España cuando ejercía como potencia administradora de su entonces colonia. Los colectivos están vigilados constantemente por las autoridades marroquíes y la violencia es su herramienta para disuadir sus protestas o asambleas. Sus acciones quieren evitar la censura. Denuncian la brutalidad policial incluso ante agentes de la MINURSO, la Misión de Naciones Unidas para el referendo.

El bloqueo mediático es total y ya se cuentan 19 españoles expulsados del territorio en lo que va de año. Sus intenciones políticas fueron la causa. Diez de ellos eran juristas que acudían como observadores internacionales a diversos juicios que se desarrollaban contra activistas locales. Reporteros sin Fronteras (RSF) denuncia frecuentemente que Rabat obstaculiza deliberadamente el trabajo de los periodistas. Consideran que informar en el Sahara es un inconveniente crítico. Dos profesionales españolas fueron forzadas a abandonar El Aaiún en los pasados meses de febrero y junio. Una muestra de la inexistente libertad de prensa que padece el Sahara Occidental. Las expulsiones suelen ser poco difundidas en los medios españoles, y tampoco se aprecia interés por el seguimiento del conflicto.

Polizones en el Sahara

Patricia e Irati inauguraron la serie de expulsiones a principios de enero. Fueron acusadas de promover la independencia de la región. Les siguió el jurista aragonés Luis Mangrane, interceptado tras aterrizar en El Aiaún y a quien se prohibió la entrada por ser «una persona non grata para Marruecos». Ni siquiera llegó a salir del aeropuerto.

En febrero, tres activistas navarros fueron expulsados tras permanecer varios días en El Aaiún. María, Iratxo y Alberto, miembros de la Asociación Navarra de Amigos del Sahara, conversaron con la comunidad de forma clandestina durante su estancia. Su relato de la expulsión coincide con el patrón habitual en estas circunstancias. Fueron vigilados por la Policía y los servicios de inteligencia, detenidos y agredidos durante los interrogatorios. Finalmente, viajaron hasta la urbe marroquí más cercana, Agadir, donde nadie habla de la represión y el turismo hace caja.

«Cada país tiene sus límites», sentenciaba un agente de Policía con cigarrillo en la boca durante el interrogatorio a esta redactora, quien fue expulsada semanas más tarde. Para los cuerpos de seguridad de Rabat, reunir información política en el Sahara rompe todas las reglas. En marzo, se siguió el mismo procedimiento con una joven gallega y en abril se produjo la sexta salida forzosa. Se trataba de dos activistas vascas que se habían reunido con militantes saharauis. Las personas con las que se encontraron fueron golpeadas, según el medio local ‘Equipe Media’. A mediados de mayo les tocó el turno a cinco abogados españoles que llegaron a El Aaiún para asistir al juicio de Nazha El Khalidi. Fueron retenidos en el aeropuerto de la capital y después trasladados al de Casablanca. Un mes más tarde expulsaron a Judith Prat, fotoperiodista oscense premiada a escala internacional. La Policía marroquí fue a buscarla dos horas después de recalar en la zona. De nuevo en junio, tres observadores del Consejo General de la Abogacía fueron obligados a volver a España nada más aterrizar.

El singular urbanismo de las casas saharauis suele sorprender al viajero que las visita por vez primera. Las ventanas de los inmuebles pueden contarse con los dedos de una mano y los muros de las azoteas llegan a medir dos metros de alto sin apenas vanos. La comunidad sólo se siente libre a cubierto, entre paredones de hormigón.

Las aguas del Sahara Occidental son las más ricas del Norte de África, pero son explotadas por terceros sin permiso de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática).

España encontró ese año el primer yacimiento de fosfatos en el territorio. La abundancia de estas sales lo vuelve esencial en el mercado de este material.

Historia de una invasión

En 1965 el Sahara Occidental es calificado territorio no autónomo por la ONU y se inicia el proceso de descolonización. Como potencia administradora, España se comprometió a celebrar un referéndum de independencia con los allí censados, los locales. No obstante, firmó en 1975 los Acuerdos de Madrid con Marruecos y Mauritania, en los que se establecía una administración tripartita temporal, inválida según el Derecho internacional.

La región saharaui fue dividida de norte a sur con un muro minado. Oculta entre 10 y 40 millones de minas terrestres, según la ONU. Las costas, las ciudades principales y los yacimientos de fosfatos quedan al oeste del muro, bajo poder marroquí. Al este se constituyó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Una zona liberada, pero yerma y desértica.

Es el año en que España abandona el territorio debido a la inestabilidad que provocó la Marcha Verde y la muerte del dictador. Marruecos asaltó el territorio en el verano del 75 con civiles escoltados por agentes armados. La ONU condenó la ocupación y pidió la retirada inmediata de la población marroquí. Según la legislación internacional, España es aún la responsable de proteger al pueblo saharaui.

Demografía y desempleo

El Sahara, cuyo tamaño supera al de Reino Unido en veinte kilómetros cuadrados, alberga a 566.000 personas. Se estima que sólo el 20% son saharauis, pues en la guerra gran parte se refugió en Argelia.

Según cifras oficiales, cuatro de cada diez jóvenes en entornos urbanos están en el paro. A esta coyuntura se suma que el origen saharaui suele ser una traba laboral.

Última víctima mortal

Una estudiante saharaui de 24 años fue atropellada por vehículos antidisturbios marroquíes el pasado sábado en El Aaiún. Todo ocurrió cuando salía del instituto y cruzaba una vía atestada de manifestantes.

(Fuente: Hoy-2019/08/3)