La memoria histórica, servirá, más tarde o más temprano, para saldar las cuentas pendientes que el Régimen del 78 ha querido dar por definitivamente olvidadas.

En esta breve campaña electoral de la marmota apenas hay tiempo (ni muchas ganas) para debatir los grandes temas que, teóricamente, se dilucidarán con nuestro voto, especialmente algunos asuntos pendientes desde la transición y que han vuelto a primer plano de la actualidad informativa tras la sentencia sobre el Procés y el traslado de los restos de Franco. La articulación territorial del Estado, los restos franquistas en la administración de justicia y otras instituciones o el papel de la monarquía, entre otros, han quedado en meros eslóganes propagandísticos o en material arrojadizo contra el rival electoral.

En este marco, poco o nada se podría esperar sobre uno de los temas más sangrantes y, al mismo tiempo, más olvidados de la política española: la negativa del Estado español a cumplir las obligaciones que le corresponden como potencia colonial del Sahara Occidental, un territorio y un pueblo más olvidado, si cabe, que los miles de personas represaliadas por el franquismo y que yacen desaparecidas en las cunetas o entre los legajos de una administración voluntariamente amnésica e inoperante.

Suárez, Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy y Pedro Sánchez comparten el dudoso honor de negar la responsabilidad del Estado en la ocupación, el exilio, la guerra, la represión y el expolio de un pueblo que España ocupó y explotó durante más de 100 años, con la excusa de que en 1975 abandonó el territorio y entregó su administración a un tercero (Marruecos y Mauritania) como si se tratara de una más de las privatizaciones de empresas y servicios tan del gusto de los gobiernos citados. Con el agravante de que, lejos de mantener una posición diplomática neutral, todos ellos han venido apoyando a los enemigos del pueblo saharaui, incluyendo venta de armamento y un respaldo diplomático y económico descarado al régimen alauita.

El argumento de que el proceso de descolonización está en manos de la ONU y otros organismos internacionales, nunca se ha sostenido ni legal ni políticamente, pero tras el reciente anuncio del Frente Polisario de que la inoperancia del Consejo de Seguridad le obliga a replantearse su participación en un proceso de paz que se prolonga desde 1990, con el consiguiente riesgo de vuelta a las armas, lo hace más ridículo que nunca.

La memoria histórica, servirá, más tarde o más temprano, para saldar las cuentas pendientes que el Régimen del 78 ha querido dar por definitivamente olvidadas. En el caso del Sahara Occidental están por dar los primeros pasos: el reconocimiento de la condición de potencia administradora, dando por zanjados los acuerdos tripartitos por los que, teóricamente, se cedía dicha administración; el reconocimiento diplomático del Frente Polisario como movimiento de liberación y único representante del pueblo saharaui; la vigilancia del cumplimiento de los derechos fundamentales en los territorios ocupados por Marruecos; la asistencia a las personas exiliadas y refugiadas para que puedan llevar una vida digna; el fin del expolio y la explotación ilegal de los bienes y recursos saharauis por empresas españolas… Un principio que debe conducir a un único final: el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y el fin de la colonización.

Con la salvedad de algunas generalidades del programa de Unidas Podemos, ningún partido español contempla ninguna de estas medidas. Es lo que hay. Lo que hay que cambiar.

(Fuente: El Salto-2019/11/07)