España y la vulneración de derechos económicos, sociales y culturales en el Sáhara Occidental

Una delegación formada por saharauis y españoles, invitada a participar en la 41° sesión del Consejo de Derechos Humanos en la sede de Naciones Unidas, llama la atención sobre la situación de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales en los territorios del Sahara Occidental.

“Cuando nací, el Sahara Occidental era una colonia y España era una dictadura”, compartía Gorka Urtaran Aguirre, alcalde de Vitoria-Gasteiz, el pasado 27 de junio en Ginebra. En efecto, el Sáhara Occidental fue una colonia española hasta 1975. Ese mismo año, España entregó el territorio a Marruecos y Mauritania. En aquel momento, el ejército español estaba abandonando definitivamente el territorio.

1975 es también el año de la Marcha Verde, cuando, el 7 de noviembre, 250.000 civiles marroquíes ingresan a las tierras de los saharauis. Tras estos hechos se forma el Frente Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro), un movimiento creado por la población de la excolonia española para recuperar sus tierras.

El enfrentamiento entre Marruecos y el Frente Polisario duró hasta el cese el fuego logrado por la ONU en 1991. Desde ese entonces Marruecos gobierna el 80% de los territorios saharauis, recuperando el Frente Polisario solo el 20% de los mismos. Una brecha, llamada “Muro de la Vergüenza”, de cinco km de ancho y unos 2720 km de largo, divide los dos territorios del Sáhara Occidental.

El cese al fuego logrado en 1991 por la ONU habría debido servir para permitir un referéndum que en la actualidad todavía no se ha llevado a cabo. Como resultado, la situación se estanca en detrimento de las poblaciones indígenas. “Hay un incumplimiento flagrante de España con el pueblo saharaui así como con la resolución de la ONU [resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1960] sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales” declaraba Gorka Urtaran ante el Consejo de Derechos Humanos. “El gobierno de España y de la Unión Europea tienen que asumir la responsabilidad que tienen en la resolución del conflicto”, señaló.

Efectivamente, la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1960, sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales instaba a devolver a todas las colonias su independencia. En ese sentido, el Sáhara Occidental sigue siendo considerado por Naciones Unidas como un territorio no autónomo que debe ser descolonizado mediante el ejercicio del derecho a la autodeterminación. La Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental —MINURSO— fue creada con este propósito en 1991.

Hace algunos meses —entre diciembre de 2018 y marzo de 2019— después de años de silencio, unas mesas redondas fueron organizadas en la sede de Naciones Unidas de Ginebra, Suiza, para decidir sobre el destino de estos territorios, que viven en un limbo silencioso desde hace más de cuatro décadas. Desafortunadamente, los últimos tentativos de la ONU de llegar a una resolución del conflicto no fueron concluyentes y Horst Kohler, Enviado Especial del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, abandonó sus funciones a final del mes de mayo de este año.

El estancamiento de la situación no afecta solamente a la población saharaui que sigue obligada a vivir en los campamentos de refugiados que se encuentran en Tindouf, al sur de Argelia, sino que alcanza a todo el territorio saharaui.Los territorios gobernados por el gobierno marroquí no se parecen mucho a los territorios conservados por el Frente Polisario, ni tampoco al pedazo de desierto árido dejado por Argelia a quienes huyeron de la guerra en los años 1970 y 1980. Son territorios, los ocupados por Marruecos, que tienen fosfatos, petróleo, oro, y una de las pescas más importante a nivel mundial.Empresas de 39 países diferentes explotan esos recursos, aunque la resolución 1803 (XVII) de Naciones Unidas afirma que “la violación de los derechos soberanos de los pueblos y naciones sobre su riqueza y recursos naturales es contraria al espíritu y los principios de las Naciones Unidas y obstaculiza el desarrollo de la cooperación internacional para la preservación de la paz”. Mahfud Mohamed Lamin Bechri, del “International Institute for NonviolentAction” (NOVACT), denunciaba en Ginebra que “hay una explotación de los recursos en los territorios que viola las leyes internacionales. Hay una red compleja de corrupción para seguir explotando esos recursos, aunque legalmente eso no sería posible, y eso se hace bajo el consentimiento silencioso de la Unión Europea”.“La mayoría de las empresas extranjeras se camuflan abriendo pequeñas sedes ficticias en Marrakech, con el fin de no recibir sanciones y explotar tranquilamente los recursos naturales de la región del Sahara Occidental. Esas empresas venden sus productos como si provinieran de Marruecos, una vez comprados en Europa no podemos comprobar con precisión su origen”, relató Ahmed Ettanji, periodista de Equipe Media.

Marruecos es el primer país exportador de pescado para España

Numerosas empresas del sector pesquero español, principalmente andaluzas, canarias y gallegas, están muy ligadas al sector pesquero de los territorios del Sáhara Occidental. Un informe realizado por el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo ha recopilado los nombres de algunas de las empresas españolas involucradas en este negocio, se trata de PULMAR, Canosa de Frigoríficos Camariñas, Congelados del Estrecho, Grupo Conservas Garavilla, Mivisa.En España existe una extensa red de empresas que importan materias primas de la región del Sáhara Occidental para su comercialización y distribución posterior. Entre ellas encontramos la Salgado Congelados SL, Discefa, o Canosa, en Galicia; Viveros Merimar ubicada, en Palencia; Angulas Aguinaga, en el País Vasco.Uno de los productos que más se importa es el pulpo. Desde Dajla 1.000 toneladas son importadas por la distribuidora Rosa de los Vientos (que comercializa bajo la marca “O Pulpeiro”); 2.000 toneladas por Profand y 9.200 toneladas por Discefa.Esos pulpos son vendidos a otras empresas mayoristas, grandes superficies o supermercados donde los adquieren los consumidores españoles. El informe cita, entre otros, a Makro, el Corte Inglés, Carrefour o Mercadona. En el Estado español se comercializa pescado del Sáhara Occidental, en su mayoría falsamente etiquetado como de origen Marroquí.

Según el Observatorio de Derechos Humanos, “el proceso y la manera de operar que siguen estas empresas en la distribución de sus productos es muy variado. Algunas de ellas disponen de sus propias plantas de procesado en el país de origen, donde se manipula la materia prima para su posterior distribución, como Salgado Congelados SL, que disponen de plantas en Marruecos y también se encarga del proceso de congelación para mantener la cadena de frío o el de la compañía Frigoríficos de Camariñas que en 2017 anunció la apertura de una nueva planta en Agadir (Marruecos)”. El último acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos fue aprobado el 12 de febrero de este año por el Parlamento Europeo. En él se incluye la región del Sáhara Occidental. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea define muy bien en su sentencia C-266/16 que los acuerdos de pesca son aplicables solamente a “las aguas bajo soberanía o jurisdicción” del Reino de Marruecos. Según la sentencia del Tribunal y en virtud de la Convención sobre el Derecho del Mar, “las aguas sobre las que el Estado ribereño tiene derecho a ejercer su soberanía o jurisdicción están limitadas a las adyacentes a su territorio y comprendidas en su mar territorial o su zona económica exclusiva”. Entonces, continua el Tribunal, “habida cuenta de que el territorio del Sáhara Occidental no forma parte del territorio del Reino de Marruecos, las aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental no están comprendidas en la zona de pesca marroquí, objeto del Acuerdo de pesca”. “La explotación de recursos naturales en un Territorio no Autónomo por una potencia administradora sólo sería legales si se llevaran a cabo en beneficio de la población de dicho territorio, en su nombre, o con el consentimiento de sus representantes. Ninguno de los supuestos se da en el caso del Sáhara”, denuncia por su parte el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas.

(Fuente: el salto-2019/07/05)