El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y líder del Frente Polisario, Brahim Gali, denunció hoy en un discurso a la nación, el primero desde su salida del hospital a principios de junio tras contraer la covid-19, el aumento «escalofriante» de las violaciones de derechos humanos por parte de Marruecos contra el pueblo saharaui.

En su intervención pública con motivo de la fiesta del Aid el Adha (celebración del sacrificio), una de las más importantes en el islam, el mandatario lamentó el silencio y la pasividad «vergonzosa» de la comunidad internacional ante la represión que sufren los civiles saharauis en los territorios ocupados así como la situación «infrahumana» de los presos políticos que se encuentran en cárceles marroquíes.

El político aprovechó para rendir homenaje a las mujeres saharauis y acusó a Marruecos de la agresión «cobarde» contra la militante Sultana Khaya, en arresto domiciliario sin orden judicial desde hace ocho meses, y que el pasado mes de mayo denunció que ella y su hermana fueron víctimas de agresiones físicas y violación por parte de supuestos agentes de policía de paisano que irrumpieron en la vivienda familiar.

Gali, de 72 años de edad, fue trasladado el 18 de abril desde Argelia a un hospital de Logroño para ser tratado de covid-19, donde permaneció un total de seis semanas. Una decisión que el Gobierno español justificó «por razones estrictamente humanitarias» y que provocó un conflicto diplomático con Marruecos.

La pasada semana Amnistía Internacional alertó del recrudecimiento durante el último año de la represión contra militantes y periodistas saharauis, que sufren malos tratos, detenciones arbitrarias y acoso con el objetivo de silenciarles o sancionarles por sus acciones no violentas contra la ocupación del Sahara Occidental.

Un deterioro que coincide con la intervención el pasado 13 de octubre de las fuerzas armadas marroquíes que penetraron en el paso de Guerguerat, zona fronteriza que separa Mauritania de los territorios que el Ejército marroquí ocupa desde 1975, para desalojar a un grupo de saharauis que trataba de interrumpir el tránsito de mercancías que el independentista Frente Polisario denuncia como ilegal.

La ONG señaló las restricciones impuestas por las autoridades marroquíes que impiden el acceso al territorio a organismos de derechos humanos y periodistas independientes y pidió incluir un mandato específico sobre DDHH en la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental (Minurso) «tal y como lo hacen la mayoría de misiones de la ONU en el mundo».

(Fuente:eldiario-2021/07/20)